Se procure participar en la elaboración, ejecución y evaluación de las Políticas Públicas en favor de los niños/as, adolescentes y jóvenes pobres y abandonados/as interactuando en la legislación a través de la formación de redes, teniendo como base un proyecto de sociedad coherente con el Evangelio.
Participación en las políticas públicas
1. El proceso histórico
La conquista de los derechos sociales , fase en la evolución histórica del concepto de ciudadanía en occidente, marca del final del siglo XIX e inicio del siglo XX, se caracteriza por el reconocimiento del estado en relación a sus deberes y obligaciones con la seguridad y el bienestar de las poblaciones. Pero estas conquistas se deben, básicamente a las luchas organizadas de sus trabajadores. Allí nacieron las revoluciones y las reformas sociales de nuestros días.
De esta forma, el concepto moderno de ciudadanía tiene como contenido básico los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Al tratar las políticas públicas entendemos orientarnos hacia los derechos sociales. Así la ciudadanía está ligada necesariamente a lo cotidiano de las personas. De allí brotan los compromisos y responsabilidades del Estado con las necesidades de sus ciudadanos, tales como: educación, salud, trabajo, vivienda, alimentación, transporte, recreación, etc.…
Los avances en la comprensión de los derechos de ciudadanía pasan, luego, a la idea de eficacia que pone en relación la asistencia social con la descentralización político-administrativa del Estado para una participación como sociedad organizada.
2. La comprensión de los términos
Comprendemos la política como el conjunto de compromisos, de leyes, de propósitos o proyectos, principios y valores que orientan la estructura y el funcionamiento del estado en un determinado campo de intervención. Cuando esta intervención se da en el campo social decimos que ella es una política social o una política pública. Es el Poder Público que está siendo llamado a intervenir en el ámbito de las necesidades básicas de sus ciudadanos.
Las políticas públicas se dirigen así a dos ámbitos de acción: el primero orientado hacia las llamadas políticas sociales básicas y el segundo orientado hacia los programas y acciones de asistencia social. Este último acaba asumiendo un carácter más compensatorio en tanto que busca erradicar los efectos de las desigualdades intolerables junto a los que viven en condiciones mínimas de bienestar y dignidad.
Se concluye de aquí que los destinatarios de las políticas públicas son, prioritariamente, las personas, familias y comunidades privadas de acceso a los derechos básicos y que, como consecuencia de eso, viven en vulnerabilidad y fragilidad sus condiciones de ciudadanos.
3. Los niños, los adolescentes y los jóvenes en el foco
Es reconocido el dicho que el mayor patrimonio de una nación es su pueblo. Y ese otro, más actual, que afirma que son los niños, adolescentes y jóvenes el mayor patrimonio de un pueblo. En muchos países, especialmente en aquellos periféricos, estas verdades incuestionables fueron omitidas cuando elaboraron los planes y proyectos de gobierno. La situación en que se encuentran y se encontraban la mayoría de la población infanto-juvenil es la encarnación de esa denuncia. Fallaron también las políticas de sus países, como aquella del trabajo y del empleo, de vivienda, de sanidad básica, etc….
La lucha por los derechos y el reconocimiento de los niños como una prioridad absoluta en las políticas públicas acaba tomando un nuevo rumbo. Si para el estado ellos contaban poco porque no incidían en las votaciones, ahora pasan a ser el foco de atención de la sociedad a favor de sus herederos. Y de las acciones más de policía del estado se pasa a la necesidad de acciones políticas de toda la sociedad.
4. Voluntad política y movilización social
Es bien cierto que cualquier política pública de promoción y defensa de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo personal o social pasa, obligatoriamente, por la voluntad política del gobernante.
Especialmente en la omisión o en la mala voluntad del gobernante es que entra la movilización de la sociedad civil a través de sus varios canales de organización. El trabajo social de las instituciones y los diversos movimientos sociales identificados con los derechos humanos no son capaces de enfrentar en soledad las situaciones de desigualdad social. La articulación de las instituciones es la fuerza motriz para el cambio de paradigma político y de gestión de la cosa pública. Más allá de presionar al poder público para el ejercicio eficaz de su función, esa articulación conduce a estas organizaciones para salir de sus muros, logrando que superen los paralelismos, divergencias o superposiciones. Articulándose en red ellas forman una fuerza política sin precedentes en la historia del respeto de los derechos de la infancia y la juventud.
De esta forma, para el Forum Social de Londrina, ejecutar nuevos servicios a favor de los últimos es más que abrir oficinas o nuevos programas en la institución. No es posible pensar el profetismo de nuestra acción pastoral sin una intervención en las raíces de los males sociales. Y ellas, estas raíces, están instaladas en políticas. Una mirada se dirige hacia la eficacia de los servicios institucionales. La otra se une al deseo de comprometer al poder público, que es el primer responsable para garantizar los derechos elementales de su población. Aquí entra el poder de articulación de la sociedad civil y los representantes de las iglesias tienen siempre una gran responsabilidad en esa hora. De ellos se espera más en tanto poseen una capacidad movilizadora mayor. Es en este campo donde se aprenden siempre más que los derechos no se mendigan, sino que se conquistan. Esta lucha envuelve educadores y educandos: todos son sujetos de derechos.
5. Elaboración, ejecución, control y evaluación
La implantación de políticas públicas involucra dos aspectos particularmente importantes: la ideología ciudadana y la destinación de los recursos financieros. El clientelismo estatal es siempre un peligro porque es manipulador y compensatorio.
La movilización de la sociedad que se hace a través de las redes de instituciones prestadores de servicios de promoción social y a través de los movimientos que luchan a favor de los derechos de los ciudadanos entra en el momento de elaboración de las políticas públicas a través de los diversos proyectos. Es importante recordad que es tarea esencial del Poder Público garantizar tales políticas, ya que al fin de cuentas la población paga esos servicios a través de los impuestos. Cuando las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) prestan sus servicios los hacen en sustitución al deber público. Por eso es justo y obligatorio que el Poder Público pase los recursos públicos para esto. Eso debe ser un punto de discusión ya en la elaboración de las políticas.
El segundo paso es el que trata de garantizar la ejecución de las políticas trazadas para garantizar la fidelidad a los compromisos definidos en las directrices del proyecto de gobierno. Entonces el control es fundamental. Se trata de acompañar las acciones, verificar el uso de los recursos y la cualidad de los servicios. Y, no ha último momento, provocar y estar presentes en la evaluación. El análisis de los resultados ayudará a proyectar nuevos caminos.
Desde allí, se puede afirmar que una sociedad organizada tiene la fuerza de movilización para presionar y hacer crecer el ejercicio de la ciudadanía para todos. Niños, adolescentes y jóvenes son todavía los más frágiles en cuanto a la representatividad política. De allí la necesidad de representarlos. La movilización es la fuerza. Pero, más allá de representarlos, hay que involucrarlos para el pleno ejercicio de aprendizaje político-participativo.
P. Joacir Della Giustina
Provincia del Brasil
